Adam Neumann se alquiló edificios a sí mismo y hundió una oferta pública de miles de millones. Así respondería un tribunal dominicano.
En 2019, al presentar los documentos para su salida a bolsa, WeWork reveló que su fundador y entonces CEO, Adam Neumann, era dueño personal de varios de los edificios que la propia WeWork arrendaba —cobrándole a la empresa millones de dólares en renta— y que había vendido a la compañía, por casi 6 millones de dólares, la marca “We” que había registrado a su nombre. Sumado a acciones con derecho a voto múltiple que le daban control desproporcionado y una cláusula que designaba a su esposa como sucesora, estos hallazgos hundieron la oferta pública y forzaron su salida como CEO semanas después.
El conflicto escaló a los tribunales de Delaware, donde Neumann demandó a su inversionista SoftBank por retirar una oferta de compra de acciones valorada en 3,000 millones de dólares. El litigio terminó en un acuerdo en 2021, con un pago conjunto cercano a los 1,600 millones de dólares —pero el daño reputacional y de gobierno corporativo ya estaba hecho.
En República Dominicana, un socio minoritario que enfrentara una maniobra similar —un administrador arrendándose propiedades a sí mismo o vendiéndole a la empresa activos propios a precio inflado— tiene una vía concreta: solicitar la puesta bajo administración judicial de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que esto procede cuando la gestión normal está comprometida, sin necesidad de reunir a la mayoría accionaria —basta con que uno o algunos socios demuestren interés en preservar su capital y el correcto funcionamiento de la empresa.
A esto se suma un segundo límite real: el administrador que actúa dentro de sus atribuciones y en representación de la sociedad no responde personalmente por las obligaciones que de ahí surjan —pero esa protección tiene como contrapartida que actuar en fraude del interés social, fuera del ámbito de su mandato, lo saca de ese resguardo. No existe en la jurisprudencia dominicana una doctrina explícita de “autocontratación” con ese nombre, tal como sí la tiene el derecho societario estadounidense —es una zona donde el criterio judicial dominicano aún no se ha pronunciado con ese nivel de detalle. Pero los dos mecanismos disponibles hoy —administración judicial y pérdida de la protección de irresponsabilidad personal— ofrecen una respuesta real para un socio dominicano en una situación análoga.
“La colocación bajo administración judicial de una sociedad comercial procede cuando la gestión normal está comprometida... sin que sea necesario que el interés social de la totalidad o la mayoría de los socios esté afectado”
REPÚBLICA DOMINICANA. Suprema Corte de Justicia, Primera Sala. Sentencia núm. 92, 30 de mayo de 2018. Boletín Judicial núm. 1290.
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